F., actualmente alojado en Villa Floresta, rechazó las acusaciones en su contra y cuestionó las pruebas presentadas en la causa, argumentando que su situación implica una "criminalización del VIH". En un comunicado, expresó: "Voy a defenderme desde acá y como puedo".

El acusado relató que fue detenido el 1 de junio en su lugar de trabajo, en presencia de sus dos hijos de cuatro años, y afirmó que mantenía un régimen de cuidado compartido con ellos. F. indicó que su intención al hacer público su caso es visibilizar el perjuicio que esta situación genera no solo en su vida, sino también en la de su familia y otros portadores de VIH.

La investigación se inició tras una denuncia en 2024 por parte de una mujer con la que había tenido una relación, y también se involucra a otra mujer. F. enfrenta cargos bajo el artículo 202 del Código Penal, que penaliza la propagación de enfermedades contagiosas. El acusado cuestionó la aplicación de esta figura en su caso y solicitó que se considere la Ley 27.675, afirmando que se está criminalizando su condición de portador del virus. Además, destacó que es indetectable e intransmisible, y defendió su derecho a la confidencialidad de su diagnóstico, que ha sido vulnerado, afectando su vida personal y laboral. A más de tres meses de su detención, pidió la revisión de su causa y la recuperación de su libertad, insistiendo en que no hay delito que lo justifique.