El Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido a detener las actividades de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, advirtiendo que, si no hay cambios en un plazo de dos semanas, recurrirá a instancias internacionales. Esta medida se centra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La Cancillería y los equipos jurídicos del Ejecutivo han recibido instrucciones para iniciar el procedimiento establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo es impedir el desarrollo del proyecto y evitar decisiones unilaterales sobre la explotación de recursos naturales en la plataforma continental que Argentina reclama.

El presidente Javier Milei declaró que, si el Reino Unido no frena la explotación en dos semanas, se recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Además, el Gobierno indicó que solicitará medidas provisionales para proteger los derechos soberanos de Argentina sobre la zona. En su argumentación, la Casa Rosada citó resoluciones de la ONU que reconocen la disputa de soberanía entre ambos países y cuestionó el referéndum británico de 2013, argumentando que no altera la controversia reconocida internacionalmente.

Por otro lado, el Gobierno anunció acciones contra vuelos realizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, por una aeronave británica vinculada a Thales UK Limited, alegando que estas operaciones se realizaron sin autorización argentina, lo que llevará a procedimientos sancionatorios y denuncias penales.