Argentina ha puesto en funcionamiento un nuevo Régimen Penal Juvenil desde este sábado, que reemplaza al sistema vigente desde 1980. La Ley 27.801, aprobada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, entra en vigencia tras los 180 días establecidos para su aplicación.

Este régimen se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18, siempre que estén imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. La edad que tenía el menor en el momento del hecho será determinante para su inclusión en el sistema. Sin embargo, ser alcanzado por la ley no implica automáticamente ir a prisión, ya que se contempla un rango de sanciones que se ajustarán a la gravedad del delito y la situación del adolescente.

Entre las sanciones se incluyen amonestaciones, restricciones de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios y actividades educativas o recreativas. Para delitos con penas de hasta tres años, se priorizarán estas alternativas, y en casos de delitos más graves, los jueces podrán decidir evitar el encierro tras evaluar las circunstancias. Además, se establecen límites a las condenas, prohibiendo la reclusión perpetua y fijando un máximo de 15 años de privación de libertad. En caso de encarcelamiento, se prevén modalidades como arresto domiciliario y alojamientos en institutos especializados, garantizando la separación de adultos y el acceso a actividades educativas.

La ley también protege a las víctimas, quienes tendrán derecho a ser informadas sobre el avance de la investigación y a recibir asistencia especializada. Además, los padres de los adolescentes podrán ser responsables civilmente por los daños causados por sus hijos. Por último, se asegura la protección de la identidad de los menores, prohibiendo la divulgación de sus datos personales, salvo excepciones específicas establecidas por la ley.