Argentina presenta reclamo ante Tribunal por explotación en Malvinas
Argentina inició este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión de la explotación petrolera que llevan a cabo empresas extranjeras en aguas cercanas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por el país.

Argentina inició este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión de la explotación petrolera que llevan a cabo empresas extranjeras en aguas cercanas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por el país.
El reclamo se centra en el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, donde se estima que hay reservas de aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo. Esta es la primera vez que Argentina litiga contra el Reino Unido en un tribunal internacional por una controversia relacionada con Malvinas. Las audiencias comenzaron el martes y continuarán el miércoles, con exposiciones de ambas partes.
Durante su intervención, el representante argentino Mario Oyarzábal criticó las decisiones del Gobierno británico de otorgar permisos de exploración y explotación de hidrocarburos sin el consentimiento argentino. Oyarzábal recordó que ambos países firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación para actividades marítimas en el Atlántico Sur, y subrayó que las autorizaciones unilaterales del Reino Unido contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Uno de los argumentos clave de la delegación argentina se refiere al riesgo ambiental que conlleva la extracción de hidrocarburos en la zona. Las empresas planean comenzar las perforaciones a principios de 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028, por lo que Argentina solicita medidas urgentes para frenar estas operaciones mientras avanza el proceso judicial. La delegación nacional, encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, incluye representantes de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, así como especialistas internacionales. Se espera que el Tribunal emita una resolución en un plazo de dos a cuatro semanas, aunque no hay una fecha límite para el pronunciamiento.
La decisión podría incluir la suspensión de las actividades petroleras, la implementación de medidas parciales o el rechazo del pedido argentino. Independientemente del resultado, el arbitraje internacional seguirá su curso. Este reclamo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para frenar la explotación de recursos naturales en el área en disputa, que también abarca presentaciones diplomáticas y denuncias contra las empresas involucradas.



