La empresa estatal bonaerense Aubasa ha denunciado irregularidades en la licitación impulsada por el Gobierno de Javier Milei para la privatización de corredores viales. A pesar de su interés en participar en la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos, la compañía ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo debido a cambios sustanciales en el pliego de condiciones a pocos días del cierre de ofertas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, explicó que se enviaron notas al Ministerio de Economía para que se garantice la transparencia en el proceso. Según Katopodis, se modificaron 33 artículos del pliego justo antes de que finalice el plazo para presentar ofertas, lo que podría desvirtuar la competencia y generar sospechas sobre la adjudicación de las concesiones.

Aubasa, que se postula para administrar tres tramos de rutas nacionales, ha formalizado su participación al comprobar que no había cláusulas que impidieran la participación de empresas estatales. Katopodis defendió la capacidad de la empresa, que reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento, y advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo esquema licitatorio busque aumentar los peajes y los puntos de cobro, en contraste con el modelo actual de Aubasa.