La tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas se intensificó tras la convocatoria de Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que la iniciativa argentina busca "socavar los derechos y los medios de vida" de los habitantes de las islas, cuestionando la confiabilidad de Argentina como socio internacional. Kumaran sostuvo que los intentos de obstruir la actividad económica legal en Malvinas no son actos responsables en el ámbito internacional.

La reacción británica se produjo luego de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos a activar el mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El planteo argentino se centra en el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrollará en la Cuenca Malvinas Norte, liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las cuales planean iniciar la extracción de petróleo en 2028. Ambas empresas solicitaron respaldo al Gobierno británico ante las amenazas de Argentina, mientras que el Gobierno argentino denunció vuelos atribuidos a la firma británica Thales UK Limited entre Punta Arenas y la base de Mount Pleasant en Malvinas. Kumaran defendió el derecho de los isleños a administrar sus recursos naturales, afirmando que han elegido democráticamente su futuro. Este nuevo cruce profundiza una disputa que se centra en la explotación petrolera y las acciones legales que Argentina evalúa para frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion.