La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que Argentina deberá abonar USD 390,9 millones a Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada en 2008 durante la presidencia de Cristina Kirchner. El tribunal desestimó el recurso del Estado que buscaba anular la sentencia de primera instancia, permitiendo así que el fondo continúe con las acciones para cobrar la indemnización.

Desde hace 16 meses, el país no ha realizado pagos relacionados con el laudo, lo que llevó a Titan a intensificar su ofensiva judicial. La empresa aclaró que su reclamo no está dirigido a Aerolíneas Argentinas, sino al Estado nacional. Esta decisión incrementa el riesgo de nuevos pedidos de embargo sobre bienes argentinos en el exterior.

El conflicto se originó tras la expropiación de las aerolíneas, que eran controladas por el grupo español Marsans. Este último recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a su favor en 2017, estableciendo una compensación de USD 320 millones más intereses. Posteriormente, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, que los vendió a Titan Consortium, que desde 2021 busca que la justicia estadounidense reconozca y ejecute el laudo arbitral. En mayo, Titan intentó avanzar sobre colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

Al momento de la estatización, Aerolíneas y Austral tenían pasivos cercanos a USD 890 millones. Las valuaciones fueron contradictorias: Crédit Suisse estimó un valor entre USD 250 millones y USD 450 millones, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación calculó un patrimonio negativo superior a USD 760 millones. El fallo se conoció en un contexto de mejora financiera para Aerolíneas Argentinas, que cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble que el año anterior, y no solicitará aportes del Tesoro durante 2026. El Gobierno busca sanear y privatizar la aerolínea, aunque cualquier transferencia requerirá autorización del Congreso. Este litigio lleva 15 años sin un cierre definitivo.