La defensa de Cristina Fernández de Kirchner amplió su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con un informe económico que, según sus abogados, cuestiona uno de los fundamentos de la condena en la causa Vialidad.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron que accedieron a nueva información tras la declaración de un funcionario técnico de Vialidad durante una audiencia de la causa Cuadernos. A partir de esto, solicitaron la base de datos mencionada y encargaron una auditoría a la consultora brasileña Specs.

El estudio analizó recursos de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2008 y 2015, revelando que esos fondos financiaron 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, mediante 3.855 certificados por aproximadamente 2.200 millones de dólares. De este total, 17 obras estaban vinculadas a empresas del Grupo Austral, relacionado con Lázaro Báez, representando solo el 4,63% de los proyectos y recibiendo 36 certificados, lo que equivale al 0,85% de los fondos estudiados. Beraldi destacó que lo asignado a Lázaro era menos del 1% y que ninguna empresa del Grupo Austral se encuentra entre las 15 constructoras que concentraron el 75% de los recursos analizados. Con estos datos, los abogados argumentan que el informe contradice la hipótesis de la sentencia y solicitan su consideración por parte de Naciones Unidas, buscando la revisión y anulación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, que se confirmó en junio de 2025. Actualmente, la exmandataria cumple la condena en su domicilio en Constitución. Borrego también cuestionó la fundamentación del fallo, calificando la sentencia de condena como un “delirio”.