La defensa de Claudio David Montiel, sindicalista de Empleados de Comercio detenido por los incidentes en el shopping, recusó al fiscal general Juan Pablo Fernández y a la fiscal Marina Lara. Cuestionaron la imparcialidad del Ministerio Público Fiscal y solicitaron que la investigación se remita fuera del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En su escrito, la defensa argumenta que las manifestaciones de los fiscales constituyen una "exteriorización anticipada, reiterada y valorativa de una hipótesis incriminante", lo que afectaría la presunción de inocencia y la objetividad necesaria en la investigación. Además, criticaron que el fiscal general haya afirmado que "el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde", sugiriendo que la causa se utiliza con fines ejemplificadores.

Los abogados también cuestionaron la actuación de la fiscal Lara, a quien acusan de proceder de manera "precipitada y endurecida". Resaltaron que la investigación avanzó con medidas de coerción mientras la defensa no tenía acceso pleno a todas las actuaciones. Además, señalaron demoras en la disponibilidad de piezas clave del expediente y cuestionaron la aplicación de medidas de secreto, argumentando que no justifican la falta de acceso previo a información relevante. Solicitaron una audiencia para ampliar los fundamentos de la recusación y que, de ser aceptada, ambos fiscales sean apartados de la causa. También pidieron que se evalúe la remisión del expediente fuera de la jurisdicción local, alegando que la exposición mediática afecta las garantías del debido proceso. El caso se originó por incidentes durante una protesta sindical, por los cuales Montiel fue detenido e imputado por coacción agravada y otros delitos. La investigación sigue en etapa preliminar, con varias medidas de prueba pendientes, incluyendo análisis de registros audiovisuales y pericias.