El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas están en una intensa discusión sobre los recursos asignados para 2027. El Ejecutivo propuso en el proyecto de Presupuesto una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitarán alrededor de $11 billones para asegurar el funcionamiento del sistema y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las diferencias también se extienden a la interpretación de un fallo judicial que ordenó el cumplimiento parcial de dicha norma. El Gobierno argumenta que la cautelar vigente exige la actualización de salarios y becas, y sostiene que los aumentos otorgados son acordes a lo establecido. Por su parte, las universidades afirman que aún queda una recomposición salarial del 31,2% por realizar.

Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, pidió mayor rapidez en el proceso judicial. “Presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple”, indicó. La medida fue dictada por el juez Martín Cormick, quien ordenó aplicar ciertos artículos de la Ley 27.795 y rechazó un pedido del Gobierno para levantarla. La cuestión de fondo aún debe resolverse, vinculada al decreto presidencial que promulgó la ley pero suspendió su ejecución por falta de financiamiento.

Los rectores presentaron a legisladores una propuesta de $11 billones para las 60 universidades nacionales, que incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios. Bartolacci advirtió sobre las dificultades que podría acarrear mantener las partidas oficiales: “Si no logramos que el Congreso modifique el proyecto de Presupuesto 2027, enfrentaremos serias dificultades para comenzar las clases el año próximo”. Según el titular del CIN, para cumplir con la ley, el Ejecutivo debería asignar $9,8 billones, mientras que el resto hasta llegar a los $11 billones corresponde a actualizaciones de otras áreas. El Gobierno, en cambio, rechaza este cálculo y asegura que el proyecto contempla la cautelar judicial, una inflación estimada del 18% y un incremento del 20% para gastos de funcionamiento.