¿Justicia para quién? La doble vara judicial que pone a la Fiscalía 20 bajo la lupa en Bahía Blanca
Denuncias contra un abogado, testimonios de otras personas que relatan experiencias similares y una posterior investigación contra quien denunció, con allanamiento incluido. La actuación de la Fiscalía 20, dirigida por Rodolfo De Lucía, y sus antecedentes en causas de alto impacto abren interrogantes sobre cómo se investigan los hechos, se valoran las pruebas y se ejerce el poder judicial en Bahía Blanca.

¿Una Justicia para cada ciudadano?
Hay una pregunta que incomoda al poder judicial bahiense: ¿qué determina que una denuncia active allanamientos, secuestros de dispositivos y restricciones personales, mientras otras personas siguen reclamando que se investiguen las pruebas que aportaron?
Es cierto que cada expediente requiere medidas diferentes. Pero las diferencias deben responder a fundamentos jurídicos, no a las relaciones, el patrimonio o la influencia de sus protagonistas.
En Bahía Blanca, un conflicto entre un abogado y su antiguo cliente permite examinar esta cuestión.
Primero, una denuncia por presuntas irregularidades profesionales, acompañada por comprobantes bancarios, audios y conversaciones. Después, otros relatos que describieron experiencias semejantes. Finalmente, una denuncia cruzada que derivó en medidas judiciales contra quien había cuestionado públicamente al profesional.
En esa última investigación intervino la Fiscalía N.º 20, a cargo de Rodolfo De Lucía.
Lo que está bajo examen no es el derecho de un abogado a denunciar. Es la obligación del Estado de investigar objetivamente y explicar por qué considera necesarias medidas capaces de alterar profundamente la vida de una persona.
En junio de 2025, un integrante de esta redacción presentó una denuncia penal contra un abogado que había intervenido en un trámite sucesorio.
El denunciante sostuvo haber sufrido perjuicios económicos y conductas que consideró intimidatorias. Acompañó comprobantes por $448.810, conversaciones de WhatsApp y registros de audio.
La investigación quedó registrada ante la UFIJ N.º 2 de Bahía Blanca.
El conflicto no terminó allí.
Después de que BBN abordara públicamente los cuestionamientos a la actuación del profesional, surgieron testimonios de otras personas que describieron experiencias similares: cobros, demoras, dificultades para acceder a documentación y conflictos durante el patrocinio.
Una de las clientas describió pagos por $267.500 y señaló una diferencia de 85 días entre la fecha anunciada para iniciar una sucesión y la fecha de presentación consignada en documentación de la Mesa de Entradas Virtual.
Son acusaciones que requieren verificación y derecho de defensa; no constituyen delitos demostrados.
Pero plantean una pregunta central: cuando aparecen varios relatos que describen comportamientos comparables, ¿qué diligencias deben realizarse para establecer si existe un patrón?
Los escritos de la denuncia original fueron recibidos e incorporados al expediente, según comunicaciones del propio Ministerio Público.
Lo que esta redacción todavía no pudo establecer es si se realizaron todas las diligencias solicitadas, si fueron examinados los testimonios adicionales y cuál es el estado procesal actual de la investigación.

El aspecto más controvertido aparece después.
El abogado cuestionado promovió una investigación penal contra quien anteriormente lo había denunciado y había participado en la difusión pública del conflicto.
La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía N.º 20, dirigida por Rodolfo De Lucía.
En mayo de 2026 se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado y se secuestraron dispositivos electrónicos, según los antecedentes judiciales aportados a esta redacción. También se dispusieron restricciones personales vinculadas con el conflicto.
La Fiscalía 20 tiene experiencia en ciberdelincuencia, análisis de comunicaciones y preservación de evidencia digital.
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Precisamente por eso, la pregunta resulta más incómoda: ¿qué hizo para comprender el contexto completo de las comunicaciones denunciadas?
¿Examinó la denuncia penal anterior contra el abogado? ¿Conoció los testimonios difundidos a través de medios digitales? ¿Evaluó las conversaciones completas y los elementos que podían favorecer al investigado?
No está acreditado que De Lucía haya recibido y descartado deliberadamente esos testimonios. La denuncia original correspondía a otra fiscalía.
Pero sí corresponde exigir explicaciones sobre la valoración del contexto previo y los fundamentos utilizados para solicitar medidas tan invasivas.
Una fiscalía especializada en evidencia digital no debería limitarse a encontrar elementos que respalden una acusación. También tiene la obligación de considerar aquello que pueda contradecirla.
El conflicto previo no vuelve falsa una denuncia posterior. Pero tampoco debería resultar irrelevante para reconstruir los hechos.

La actuación de De Lucía tiene otro antecedente que merece atención.
En la causa por la defraudación informática de más de $150 millones sufrida por Ecosur Bahía S.A., vinculada al Grupo Bojanich, la Fiscalía 20 intervino en una investigación que derivó en allanamientos y detenciones.
Uno de los investigados, Agustín Inti Viñuales, operador de criptomonedas, permaneció detenido durante 26 días, según su testimonio público.
El 3 de junio de 2024 recuperó la libertad a pedido del propio fiscal Rodolfo De Lucía. La resolución fue dictada por el juez de Garantías Guillermo Mércuri. Viñuales continuó vinculado a la investigación.
Esa liberación no demuestra que la detención original fuera ilegal ni constituye una absolución.
Pero permite formular una pregunta necesaria: ¿qué elementos justificaron privarlo inicialmente de su libertad y cuáles llevaron posteriormente a reconsiderar esa medida?
En octubre de 2024, el propio De Lucía reconoció públicamente que, en investigaciones sobre estafas digitales, habían llegado a imputar o detener a personas cuyas cuentas bancarias habían sido utilizadas sin su conocimiento.
El fiscal identificó así un riesgo de este tipo de investigaciones.
La Justicia tiene que perseguir delitos. También debe minimizar el daño sobre quienes todavía no han sido declarados culpables.

Existe otra forma de desigualdad que no necesariamente comienza en un allanamiento: la manera en que se decide quién merece credibilidad.
Una persona que denuncia puede estar angustiada, enojada, ser insistente o desconfiar profundamente de las instituciones.
Nada de eso demuestra que tenga razón. Pero tampoco convierte sus pruebas en falsas.
Las evaluaciones psicológicas tienen una función legítima en el proceso judicial. Lo que no corresponde es utilizarlas como sustituto de la investigación de hechos documentables.
Una persona puede atravesar una crisis psicológica y decir la verdad. Otra puede mostrarse completamente serena y mentir.
Cuando el debate se desplaza de los documentos hacia la personalidad del denunciante, aparece un riesgo institucional que merece atención.
¿Se están evaluando los hechos o se está juzgando si quien los denuncia resulta suficientemente aceptable para ser escuchado?

Los medios locales cumplen una función esencial al difundir denuncias y cuestionamientos contra instituciones.
La Brújula 24, por ejemplo, publicó el testimonio de Viñuales y las protestas de madres que reclamaban avances en investigaciones por presuntos abusos contra sus hijos.
Ese trabajo merece reconocimiento, pero también recuerda una responsabilidad que alcanza a todos los medios, incluido BBN.
No basta con publicar una denuncia: hay que preguntar qué ocurrió después.
¿Se investigaron las pruebas? ¿Se escuchó a los testigos? ¿Se revisaron las decisiones? ¿Se exigieron explicaciones a los funcionarios?
Los vínculos entre profesionales, empresarios, periodistas y funcionarios no demuestran por sí solos favoritismos. Justamente por eso, la independencia debe sostenerse en coberturas y procedimientos verificables.
El periodismo no está para condenar anticipadamente a un ciudadano ni para aceptar sin examen la versión de una autoridad.
Está para investigar a ambos.

La doble vara no se demuestra porque dos expedientes tengan resultados diferentes.
Se demuestra cuando las diferencias de tratamiento carecen de una justificación objetiva.
En los casos examinados hay preguntas concretas que merecen respuestas.
La Fiscalía 2 debe poder informar qué diligencias realizó frente a la denuncia original contra el profesional.
La Fiscalía 20 de Rodolfo De Lucía debe poder explicar qué pruebas y antecedentes consideró al investigar la denuncia cruzada y qué fundamentos justificaron las medidas solicitadas.
Y el Ministerio Público debe garantizar que sus decisiones puedan ser examinadas sin que la crítica pública se confunda automáticamente con una agresión contra las instituciones.
No puede haber una vara para el ciudadano que denuncia y otra para el ciudadano que termina investigado.
Quien denuncia tiene derecho a ser escuchado.
Quien es investigado tiene derecho a que se examinen también los elementos que lo favorecen.
Y quien ejerce poder público debe fundamentar sus decisiones.
La Justicia no necesita que la sociedad deje de hacer preguntas. Necesita poder responderlas.
BBN informa que integrantes de su dirección mantienen controversias judiciales vinculadas con algunos de los hechos analizados. Las acusaciones contra el profesional mencionado son denuncias sujetas a valoración judicial, no delitos demostrados. Los expedientes corresponden a distintas fiscalías. La redacción invita a las autoridades y personas aludidas a aportar documentación y respuestas para completar esta investigación.



