El gobierno de Estados Unidos manifestó su inquietud por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por la administración de Javier Milei, que prevé sanciones para empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Esta postura fue expuesta por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, en una conferencia de prensa junto al canciller argentino, Pablo Quirno, en Buenos Aires.

Landau indicó que Washington está atento a las posibles repercusiones de la iniciativa sobre las compañías estadounidenses, aunque subrayó el respeto por el proceso legislativo argentino. El proyecto establece penalidades para aquellas empresas que participen en actividades de exploración o explotación de recursos en las islas sin la aprobación del Estado argentino. Sin embargo, preocupa que las sanciones también puedan afectar a empresas que, aunque no operen directamente en Malvinas, mantengan vínculos comerciales con las firmas involucradas.

La propuesta contempla multas, inhabilitaciones y restricciones para operar en Argentina. El debate legislativo ha sido postergado mientras se discuten los alcances de las medidas. Quirno defendió la iniciativa, afirmando que el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas es innegociable. Además, se abordó la propuesta de reforma de la ONU por parte de EE.UU., que incluye la posible eliminación del Comité Especial de Descolonización, un ámbito clave para el reclamo argentino. Landau intentó minimizar las implicancias de esta reforma, mientras Quirno aseguró que no alteraría la posición argentina sobre el conflicto de soberanía. Las declaraciones se dan en el contexto de un fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos de Milei y Trump, aunque el proyecto sobre Malvinas revela diferencias de intereses entre ambos países.