El Gobierno nacional está preparando nuevas denuncias contra empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas, y ampliará las acciones ya iniciadas contra aquellas que, según la postura argentina, operan sin autorización.

La estrategia oficial no solo se enfocará en las petroleras, sino también en directivos, accionistas, representantes y proveedores involucrados en estos proyectos. El Ejecutivo sostiene que estas actividades infringen la Ley 26.659, que regula la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que las consecuencias también afectarán la relación de estas compañías con el Estado argentino. “Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, afirmó en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Entre las restricciones, las firmas involucradas no podrán acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni participar en proyectos de explotación en Vaca Muerta.

La primera denuncia penal de esta nueva ofensiva fue anunciada contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que algunas de estas compañías tienen licencias otorgadas por las autoridades británicas para operar en la Cuenca Malvinas Norte. Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto Sea Lion, vinculado a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé la extracción de petróleo en los próximos años, una situación que el Gobierno argentino considera urgente por la soberanía sobre esos recursos.

Además, la Casa Rosada había dispuesto la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. En paralelo, el Ejecutivo dictó el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y aceleró los mecanismos administrativos para investigar posibles infracciones. La normativa establece que quienes deseen desarrollar actividades hidrocarburíferas en el país o acceder al RIGI deberán declarar que no participan directa ni indirectamente en operaciones prohibidas por esa ley. De esta manera, el Gobierno busca aumentar la presión sobre toda la cadena vinculada a los proyectos petroleros en Malvinas, combinando acciones judiciales, sanciones administrativas y restricciones para operar en Argentina.