El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga directamente en el conflicto judicial relacionado con la reforma laboral, buscando dejar sin efecto la suspensión de parte de la ley. La Procuración del Tesoro realizó esta presentación con el objetivo de evitar que el expediente continúe su curso habitual en instancias inferiores.

El recurso se dirige específicamente contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo pasado dispuso una medida cautelar suspendiendo la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. En este contexto, el Gobierno solicitó que la Corte declare admisible el recurso y suspenda los efectos de esa resolución hasta que se emita un pronunciamiento definitivo.

La acción judicial original fue impulsada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la norma, argumentando que los cambios afectan derechos laborales y garantías fundamentales. El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar al planteo y ordenó la suspensión general de los artículos impugnados. Sin embargo, la Procuración sostiene que la CGT no demostró un caso concreto ni un perjuicio específico, y que su planteo se basa en argumentos abstractos. Además, cuestiona la legitimación de la CGT para representar a todos los trabajadores del país y señala que el juez actuó fuera de su competencia.

El Gobierno también enfatiza que se trata de una causa de competencia federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos del fallo se extienden a todo el territorio. En este sentido, recordó que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya reclamó el expediente tras aceptar un planteo de inhibitoria, lo que profundiza el conflicto de competencia entre tribunales. Por último, el recurso advierte sobre una situación de gravedad institucional, considerando que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior vulnera la división de poderes y genera un perjuicio irreparable, introduciendo incertidumbre sobre la vigencia de la normativa.