El Gobierno nacional está considerando un anteproyecto que busca eliminar el precio fijo de los libros, establecido en 2001 por la Ley 25.54, que obliga a que cada título se venda al precio fijado por la editorial.

El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, argumenta que la eliminación de esta restricción permitiría implementar descuentos y promociones, facilitando así el acceso a la lectura. Desde la cartera aseguran que el objetivo principal del proyecto es hacer que los libros sean más accesibles para los lectores, sin afectar a las editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales, sino solo la prohibición de competir en precios.

Sin embargo, la mayoría del sector editorial se opone a esta propuesta. Libreros, editores y asociaciones advierten que grandes cadenas y plataformas podrían ofrecer best sellers a precios muy bajos, lo que podría perjudicar a los comercios pequeños y concentrar el mercado. Juan Pablo Armenio, de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, mencionó el caso del Reino Unido, donde la eliminación del precio fijo resultó en el cierre de cientos de librerías y un aumento de precios posterior a la inflación. Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, expresó que aunque al principio podrían aparecer ofertas, a largo plazo habría un aumento de precios y una menor diversidad bibliográfica. La Fundación El Libro también manifestó su preocupación y rechazo, argumentando que la regulación actual garantiza la diversidad en la oferta de libros y condiciones equitativas para todos los actores del sector.

A pesar de las críticas, algunos actores reconocen que la ley necesita modificaciones, ya que fue redactada antes del auge de la venta online y no contempla libros digitales ni aborda los costos logísticos que afectan a comercios en zonas alejadas de Buenos Aires. También sugieren permitir descuentos en fechas específicas y corregir desigualdades impositivas que impactan en el sector.