El ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, firmó una resolución que restablece la función de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas, derogando una normativa vigente desde 2006, establecida durante la gestión de Nilda Garré. Esta decisión es parte de una reorganización del Sistema de Inteligencia de Defensa, según lo presentado por el Gobierno.

La nueva resolución busca recuperar capacidades que, según la visión oficial, habían quedado limitadas por la normativa anterior. Desde el Ministerio de Defensa argumentan que esas restricciones afectaban la capacidad de respuesta ante situaciones relacionadas con terrorismo internacional, injerencias externas y amenazas militares provenientes de otros Estados o actores asociados.

Con este nuevo esquema, se pretende que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo acciones de contrainteligencia en su ámbito específico, orientadas a proteger información, instalaciones, operaciones y capacidades militares. El Gobierno aclara que estas actividades deberán ajustarse al marco legal vigente y no permitirán la realización de tareas de inteligencia interna sobre temas políticos, sociales o partidarios.

La contrainteligencia militar incluye medidas para detectar, prevenir o neutralizar actividades de espionaje, infiltración, sabotaje o interferencia contra objetivos de defensa. En la práctica, esto puede abarcar la protección de bases, sistemas de comunicaciones, documentación sensible, despliegues operativos y personal militar. Esta resolución forma parte de una serie de cambios que el Gobierno está implementando en el área de Defensa, buscando actualizar la estructura militar ante nuevas amenazas, aunque también se han reportado recortes presupuestarios en distintas partidas del sector.