El Senado aprobó en media sanción un proyecto de ley que modifica los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, el cual ahora será tratado por la Cámara de Diputados para su posible conversión en ley.

Entre los cambios más significativos, se establece que los desalojos se tramitarán mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento judicial más ágil. Además, cualquier persona que pueda demostrar un derecho o interés legítimo afectado por la ocupación de un inmueble podrá iniciar el reclamo, no solo los propietarios.

En el caso de los alquileres destinados a vivienda, se establece que el propietario deberá notificar fehacientemente al inquilino antes de iniciar un juicio por falta de pago, otorgándole un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda. La notificación podrá realizarse en el domicilio indicado en el contrato, ya sea físico o electrónico, y se considerará válida incluso si el inquilino se niega a recibirla.

El proyecto también contempla la devolución de llaves, estableciendo que el propietario no podrá negarse a recibirlas ni imponer condiciones. Si esto ocurre, el inquilino podrá consignarlas judicialmente, dejando de acumular alquileres desde que notifique su intención de entregarlas. Además, se prevé la entrega inmediata del inmueble en casos de ocupación precaria, y se establece un reconocimiento judicial en 72 horas para ciertos conflictos relacionados con el inmueble. La propuesta incluye protecciones para grupos vulnerables, como menores y personas con discapacidad, permitiendo al juez otorgar un plazo de hasta 10 días para buscar una alternativa habitacional antes de proceder con el desalojo.

Las nuevas reglas también abarcan las notificaciones, permitiendo que se realicen directamente en el inmueble a desalojar o a través de medios electrónicos. La sentencia afectará a todos los ocupantes del inmueble, y para ejecutar el lanzamiento, el oficial de Justicia podrá solicitar intervención policial. Sin embargo, el proyecto aún no está vigente y deberá ser debatido y votado por la Cámara de Diputados antes de su implementación.