La doctora Núñez explicó que la ley de etiquetado frontal, sancionada en 2021 y reglamentada en 2022, ha permitido a los consumidores identificar productos que antes eran considerados saludables, como quesos untables y yogures, pero que en realidad pueden ser perjudiciales para la salud. Esta normativa ha visibilizado la información necesaria para que las personas tomen decisiones más informadas sobre sus compras.

Núñez destacó que la ley no solo se enfoca en el etiquetado, sino que también busca proteger entornos donde los niños crecen, como las escuelas, restringiendo la venta de productos con sellos en kioscos y comedores. Además, se incorpora educación alimentaria en diferentes niveles. La profesional cuestionó los argumentos económicos que se utilizan para promover la derogación de la ley, señalando que carecen de justificación sanitaria.

La especialista también mencionó que el etiquetado frontal se basa en recomendaciones internacionales y experiencias de otros países de la región. Aunque aún se necesitan más años para evaluar el impacto directo en la salud, se han observado cambios en los hábitos de compra, con un 90% de los consumidores utilizando la información del etiquetado. Muchas empresas han reformulado sus productos para evitar los sellos, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin que esto haya llevado a la quiebra de ninguna industria. Finalmente, Núñez enfatizó que el objetivo de la ley es garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara para elegir de manera autónoma, sin prohibir los ultraprocesados.