Un grupo de familias se reunió con el director local de IOMA y la directora de IREL para discutir una deuda que asciende a 300 millones de pesos. Hasta el momento, se han abonado 100 millones, lo que permitió cubrir parte de los salarios atrasados y reanudar algunas prestaciones. Recientemente, se realizó un nuevo pago, pero las familias no fueron informadas sobre el monto.

Las familias expresaron su preocupación, ya que la situación afecta a más de 200 pacientes, incluidos niños y adultos que requieren tratamientos en IREL. Una madre destacó la importancia de la rutina terapéutica para su hija con discapacidad, señalando que la suspensión de las terapias impactó negativamente en su salud y desarrollo. Durante el tiempo sin acceso a las terapias, la familia intentó aplicar en casa las herramientas aprendidas, lo que resultó complicado.

Las familias también criticaron la falta de respuestas durante una reunión con el responsable local de IOMA, donde solo tres madres fueron recibidas. El funcionario mencionó la necesidad de “cuidar” el convenio entre IOMA e IREL, pero no ofreció respuestas claras sobre cómo se estaba protegiendo el acuerdo ante la falta de pagos. Ante esta situación, decidieron contactar a las autoridades provinciales de IOMA, quienes admitieron no tener información precisa sobre el conflicto y comenzaron a investigar tras las publicaciones periodísticas. Las negociaciones por la deuda ahora se están llevando a cabo directamente con IOMA central.

Las familias planean una movilización el 18 de agosto frente a la sede de IOMA en Zelarrayán 640, que no solo incluirá a pacientes de IREL, sino también a afiliados con trámites pendientes o dificultades en la atención. Vera cuestionó por qué deben movilizarse a La Plata cuando hay un representante local. Además, mencionó que muchos afiliados deben pagar adicionales para acceder a servicios, a pesar de que sus aportes se descuentan mensualmente. Las familias buscan visibilizar su situación y garantizar que los tratamientos no se vean afectados por problemas administrativos o financieros, reafirmando que las terapias son un derecho fundamental.