El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses implicados en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Además, pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario del régimen iraní que fue mano derecha del líder supremo Alí Khamenei.

Según la Fiscalía, Hejazi presidía el Comité Vijeh, encargado de planificar el ataque. Las pruebas indican que, tras la aprobación del plan por los líderes del régimen, Hejazi coordinó su ejecución. Esta información fue corroborada por cuatro disidentes iraníes que testificaron en Francia, lo que llevó a Basso a solicitar la indagatoria y captura de Hejazi.

Los diez acusados, que ya tienen alertas rojas de Interpol desde 2006, incluyen a figuras clave como Alí Fallahian, exministro de Inteligencia, y Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria. La investigación revela que estos individuos formaron una red de espionaje que facilitó el ataque y su encubrimiento, aprovechando su inmunidad diplomática.