Acudir a un abogado suele darse en los momentos más difíciles de la vida. Se busca un escudo en medio de una sucesión dolorosa o una defensa desesperada para no perder la casa. Sin embargo, en Bahía Blanca, esa confianza ciudadana está chocando contra un muro de malas prácticas. Hoy, la ciudad es testigo de una inercia preocupante: profesionales del derecho que, escudados en su matrícula, presuntamente utilizan el sistema para acorralar a quienes deberían defender.

El caso del Dr. Francisco Matías Trejo, investigado penalmente por coacción y estafa, y el inminente desalojo de una jubilada por lo que su defensa califica como una "estafa procesal" orquestada por el abogado bahiense de apellido Simone, son dos síntomas de una misma enfermedad institucional.

En sus comunicaciones, Trejo no solo intenta minimizar sus faltas, sino que desafía a quienes se atreven a cuestionarlo: "Tengo un juicio de daños y perjuicios ganado. Hacelo", dispara por chat. Pero la impunidad que intenta proyectar en la virtualidad choca de frente con el peso de la documentación institucional. Lejos de salir victorioso o intocable, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca no desestimó las acusaciones y le inició un sumario disciplinario por evasión de facturación. En paralelo, la UFIJ N° 2 lo investiga penalmente.

Y si los dictámenes hablan en los despachos, las víctimas hablan en la red. El perfil de Google del profesional se ha convertido en un historial público que no requiere mayores interpretaciones: los testimonios hablan por sí solos y exponen un presunto modus operandi donde el maltrato, el abandono y el abuso de la posición de poder parecen ser la norma, no la excepción.

Es en este punto donde las instituciones locales muestran sus fisuras. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en su dictamen del 23 de febrero de 2026, reconoció que Trejo percibió la suma de $448.810 (10 jus arancelarios) el 29 de mayo de 2025 y que omitió emitir la factura correspondiente. Sin embargo, el dictamen sostiene que "no se advierte la utilización de términos que configuren amenazas" en los mensajes del profesional. Esta lectura técnica contrasta frontalmente con la investigación que lleva adelante la UFIJ N° 2, donde la frase "sé qué bienes tenés para cobrarme" es el eje de una denuncia penal por coacción, estafa agravada y abandono profesional. Incluso en audios aportados a la causa, se escucha la soberbia del letrado desafiando al cliente: "la plata no te la voy a devolver porque yo mi trabajo lo hice... si estás disconforme podés ir al colegio de abogados".

El caso de Trejo no es un hecho aislado, sino parte de una inercia de abusos que sacude a Bahía Blanca. Mientras este expediente avanza, la ciudad observa el calvario de Graciela López, una jubilada de avanzada edad a punto de quedar en la calle producto de lo que su defensa define como una "estafa procesal" orquestada por el abogado Juan Manuel Simone. Según las denuncias públicas, se habría utilizado una "rúbrica apócrifa" para simular una sesión de derechos sobre un inmueble en el barrio Palihue. "Hasta un nene se da cuenta de que las firmas son truchas", sentenció su abogado defensor ante los medios, trazando un paralelo alarmante sobre cómo ciertos operadores del derecho actúan en las sombras de las instituciones locales.

BBN publica estos hechos amparada en la doctrina de la transparencia y el derecho a la información sobre asuntos de interés público. La presunción de inocencia rige para Francisco Matías Trejo y los demás señalados mientras no exista una condena firme, pero el escrutinio público sobre el ejercicio de la abogacía es indispensable para la salud del sistema judicial. Mientras el Tribunal de Disciplina y la Justicia Penal determinan las responsabilidades legales, la sociedad bahiense tiene el derecho de saber quiénes operan en sus tribunales. El silencio institucional ya no es una opción.