El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una disputa judicial que ya había tenido un revés en instancias anteriores.

Desde el Ejecutivo, argumentan que la presentación replica los argumentos expuestos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y en el decreto de promulgación de la norma. Aseguran que la ley no especifica de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para su cumplimiento.

A pesar de que la Cámara ya rechazó esta interpretación y confirmó una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir de forma inmediata con artículos relacionados a la actualización salarial de docentes y la recomposición de becas, la Casa Rosada decidió avanzar con la apelación. En paralelo, se evalúa impulsar una nueva ley que reduzca el costo fiscal de la normativa vigente, mientras se asegura que las partidas universitarias serán actualizadas progresivamente en el Presupuesto 2026.