Gobierno denuncia a detenidos por incidentes en Marcha Universitaria
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes detenidos por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes detenidos por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria. La Universidad de Buenos Aires (UBA) se desvinculó de los hechos de violencia y exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad, incluye delitos como resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según el ministerio, algunos de los involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y los arrojaron contra las fuerzas de seguridad presentes en la zona.
El Gobierno argumentó que los disturbios tenían como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa”, dado que ocurrieron mientras el Congreso estaba convocado. Además, se inició la recopilación de imágenes para identificar a los responsables y presentarlas como prueba en el expediente.
La jornada dejó un saldo de decenas de detenidos y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, entre ellos cuatro gendarmes, dos prefectos y dos policías federales. El Gobierno porteño estimó en $90 millones los daños en veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó la vinculación de la comunidad universitaria con los grupos que protagonizaron los enfrentamientos, afirmando que “los violentos no son parte del sistema universitario” y que son una minoría. También cuestionó el operativo policial y pidió que se identifique a quienes arrojaron piedras para que enfrenten a la Justicia.
Yacobitti destacó que la movilización se desarrolló de manera pacífica hasta el final, cuando un grupo reducido generó los incidentes. Además, replicó a la ministra Alejandra Monteoliva, reclamando al Ejecutivo que cumpla con la norma aprobada por el Congreso. Así, mientras el Ministerio de Seguridad avanza judicialmente contra los responsables de los disturbios, la UBA busca separar estos hechos del reclamo por el financiamiento de las universidades.
