El Gobierno nacional intimó a las universidades públicas a asegurar la continuidad de las actividades académicas y a presentar información sobre el uso de fondos, advirtiendo que podría interrumpir transferencias en caso de incumplimiento.

La medida fue formalizada en una nota firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dirigida al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el documento, fechado el 30 de abril, se sostiene que el Poder Ejecutivo "sí cumple la ley" y se cuestiona a las autoridades universitarias por su falta de acción ante medidas de fuerza que afectan el dictado de clases, exigiendo que se adopten medidas para garantizar el derecho a enseñar y aprender.

El funcionario destaca que el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, establece los recursos para el funcionamiento de las universidades y que su ejecución está siendo cumplida por el Poder Ejecutivo. Además, recuerda que las instituciones deben enviar información a la Subsecretaría para la asignación y control de fondos. La nota también menciona que las universidades nacionales deben presentar la información necesaria para la asignación y evaluación de los recursos, advirtiendo que el ministerio podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento.

El Gobierno cuestiona las declaraciones de las autoridades universitarias, sugiriendo una "intencionalidad política para tergiversar la realidad" y reafirma su postura de exigir el cumplimiento de las obligaciones legales. Asimismo, se menciona que la autonomía universitaria implica que cada institución es responsable de la administración de recursos y la negociación salarial. Finalmente, la Subsecretaría insiste en que los rectores deben garantizar el normal desarrollo de las clases y cumplir con los requerimientos oficiales, concluyendo que deben adoptar las medidas necesarias para no vulnerar los derechos constitucionales a educar y aprender.