El Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal, debido a que la capacidad de alojamiento está superada y se ha registrado un aumento sostenido de detenidos. La medida, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fue establecida mediante la Resolución 439/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa extiende por dos años la emergencia penitenciaria, que se había declarado originalmente en 2019 y prorrogado en 2022 y 2024. Actualmente, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) alberga a 12.248 personas, mientras que la capacidad operativa es de solo 10.932 plazas, lo que representa una ocupación superior al 106%. Esta situación complica la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos.

Desde el Ministerio de Seguridad, se indicó que el 61,83% de los alojados son condenados y el 38,17% están detenidos bajo proceso judicial. Además, hay miles de personas esperando ingresar al sistema penitenciario. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, más de 15 mil detenidos ingresaron al SPF, y actualmente hay 2.657 personas a disposición de la Justicia Federal y 2.416 vinculadas a la Justicia Ordinaria que esperan cupo.

Las autoridades expresaron preocupación por que casi la mitad de la población carcelaria corresponde a detenidos de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, lo que impacta en la capacidad para causas federales. Para aliviar la crisis, se implementó el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que incluye a más de 1.200 personas bajo arresto domiciliario. También se inauguró la Unidad N°36 de Coronda y se habilitaron nuevas instalaciones en Senillosa, aunque estas ampliaciones son insuficientes ante la creciente demanda. Además, continúan las obras del Complejo Federal de Condenados de Agote y se espera la relocalización de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, lo que podría sumar 700 nuevas plazas al sistema penitenciario federal.