El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. A raíz de esta decisión, ordenó al Poder Ejecutivo implementar la norma de manera inmediata.

La resolución fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11, en respuesta a dos acciones de amparo: una presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a docentes e instituciones académicas, y otra por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La ley 27.795, sancionada en 2025, había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió con su aprobación, superando el veto con los dos tercios requeridos.

Cormick argumentó que la cláusula que supeditaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de partidas presupuestarias funcionaba como un nuevo veto no permitido por la Constitución. Además, destacó que la ley ya incluye mecanismos para cubrir los gastos, como la reasignación de partidas y el uso de incrementos en la recaudación. La normativa abarca el financiamiento de universidades, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación y hospitales universitarios. Con este fallo, el Gobierno deberá establecer las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de la ley y el envío de recursos a las universidades públicas.