La jueza Natalia Giombi, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, alertó que la implementación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires se encuentra limitada por la falta de infraestructura y recursos. Giombi destacó que, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, ya se habían cubierto los cupos de alojamiento para adolescentes.

La legislación amplía el alcance del proceso penal a adolescentes desde los 14 años y abarca conductas de menor gravedad, como daños, lesiones leves, hurtos y amenazas. En este contexto, la jueza enfatizó la importancia de diferenciar entre delitos graves y menores, sugiriendo el uso de mecanismos alternativos y enfoques sociales en lugar de recurrir automáticamente al encierro.

Giombi también subrayó que los adolescentes que deban ser privados de libertad deben estar en centros especializados y separados de adultos, aunque advirtió sobre los problemas de capacidad existentes. Mencionó la figura del “supervisor” introducida por el nuevo régimen, cuya aplicación fue suspendida por falta de un registro necesario. Además, destacó que los delitos graves cometidos por menores representan solo el 0,06% de los delitos penales en el país, y reclamó políticas públicas que ofrezcan contención y oportunidades para prevenir situaciones delictivas en adolescentes.