La jueza Laura De Marinis, de la ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional el artículo de la nueva ley penal juvenil que permite la persecución penal de adolescentes desde los 14 años, en un caso particular. Con esta decisión, sobreseyó a un joven de esa edad acusado de intentar robar un celular, aunque no suspendió la aplicación de la norma en otras jurisdicciones.

La resolución generó críticas de figuras políticas como Patricia Bullrich y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad, quien anunció su intención de solicitar el juicio político contra la magistrada. El caso se inició el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes intentó sustraerle el celular a un hombre de 47 años, quien logró alejarse y pidió ayuda a un policía que interceptó a los sospechosos.

La defensa del acusado cuestionó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, argumentando que el fuero porteño no tenía competencia en el asunto. Si bien De Marinis rechazó este último argumento, aceptó el reclamo sobre la aplicación de la norma al adolescente. La jueza consideró que la respuesta estatal era regresiva, ya que antes de la reforma, el joven habría sido atendido por el sistema de protección integral, sin persecución penal.

De Marinis también argumentó que el hecho no mostró el nivel de violencia mencionado en el debate parlamentario y describió la conducta de los adolescentes como “burda y torpe”, asociándola a la inmadurez propia de la adolescencia. Propuso que la incorporación al sistema penal debería ser el último recurso y abogó por políticas públicas que aborden situaciones de vulnerabilidad y fomenten la inclusión comunitaria. Bullrich y Macri criticaron fuertemente el fallo, anticipando acciones para remover a la jueza, mientras que la decisión de De Marinis se limita al caso analizado y no implica una derogación general de la norma.