La Justicia Federal de Río Grande ha ordenado a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras en el área del archipiélago de las Islas Malvinas, en relación al proyecto petrolero Sea Lion.

La decisión, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, responde a una medida cautelar presentada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas. Esta medida se enmarca en las denuncias realizadas por el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan en la región, y abarca perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.

El fallo establece que se debe suspender el inicio y/o continuidad de las obras, así como impedir actos financieros que faciliten su ejecución. Además, se requiere la comunicación del proceso a las autoridades regulatorias y mercados de valores, y se solicita a las demandadas que identifiquen a las entidades financieras y aseguradoras involucradas en el financiamiento del proyecto. La jueza aclaró que esta decisión es cautelar y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre todas las cuestiones del caso.