El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca dispuso la suspensión del aumento del componente provincial de las tarifas eléctricas que entró en vigencia el 1 de septiembre, retrotrayendo los valores al cuadro tarifario del mes anterior.

La medida cautelar fue solicitada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y afecta a la empresa distribuidora EDES, que opera en Bahía Blanca, así como a otras tres compañías del interior bonaerense. La Defensoría argumentó que la Provincia modificó los costos de distribución sin permitir la debida participación de los usuarios en el proceso.

El juez Agustín López Cóppola consideró que había fundamentos suficientes para cuestionar el procedimiento seguido por la Provincia. Citando un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enfatizó que la participación de los usuarios no se limita a una simple notificación de tarifas ya establecidas, sino que debe incluir instancias de discusión pública. La Provincia, por su parte, defendió su postura alegando que no era necesaria otra audiencia, ya que las actualizaciones formaban parte de una “Etapa de Transición Tarifaria” y habían sido discutidas en audiencias públicas en 2016.

Sin embargo, el juez desestimó los argumentos del Gobierno bonaerense, señalando que el tiempo transcurrido desde la última instancia de participación era incompatible con las pautas jurisprudenciales. Así, decidió suspender la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, manteniendo el cuadro tarifario anterior hasta que se realice una nueva audiencia pública. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, destacó que las empresas no pueden trasladar aumentos sin cumplir con la obligación de informar y debatir con los usuarios.