El presidente de Chile, José Antonio Kast, implementó un endurecimiento inédito en la política migratoria con el lanzamiento del "Plan Escudo Fronterizo", que busca frenar el ingreso irregular de extranjeros mediante zanjas, tecnología de vigilancia y controles laborales.

La iniciativa comenzó en la frontera norte, en el desierto de Atacama, donde el Ejército está excavando zanjas de hasta tres metros de profundidad en áreas cercanas al límite con Perú. Estas obras se extenderán a lo largo de 30 kilómetros, y en puntos críticos se desplegarán drones, radares, cámaras térmicas e infrarrojas, así como cercos con monitoreo permanente.

El plan tiene como objetivo convertir la frontera en una zona de control reforzado, aunque no será continuo en todo el territorio. En los pasos ilegales más utilizados se instalarán muros y vallas de hasta cinco metros de altura con sensores de movimiento. Además, se suspendió el proceso de regularización de 182.000 migrantes y se ratificó la intención de expulsar a más de 330.000 extranjeros en situación irregular, mientras que se realizarán inspecciones laborales para verificar la situación legal de los empleados extranjeros.

Organizaciones y especialistas en migración han expresado preocupaciones sobre las posibles consecuencias del plan, advirtiendo que las barreras físicas podrían desviar flujos hacia rutas más peligrosas y aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, así como intensificar tensiones sociales. El "Plan Escudo Fronterizo" se presenta como una de las principales apuestas del gobierno de Kast en un contexto de debate sobre seguridad y derechos humanos en Chile.