La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ratificó las sanciones impuestas por el gobierno provincial a las plataformas Rappi y Repartos Ya por incumplimientos laborales, tras una serie de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo.

La decisión de la Corte desestimó los recursos presentados por las empresas contra los fallos del Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata, al considerar que las inspecciones demostraron la existencia de una relación laboral entre las compañías y sus trabajadores. La Corte validó la legalidad de las inspecciones y el valor probatorio de las actas elaboradas por los inspectores del Ministerio.

En su fallo, la Corte subrayó que los argumentos de las empresas no lograron cuestionar el fundamento de la decisión judicial anterior, destacando que se limitaron a repetir lo expuesto en instancias previas. Un aspecto clave del fallo es la validación de las facultades del Ministerio de Trabajo para interpretar normas laborales y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios. Esta decisión fue celebrada por el Ministerio, que la consideró un respaldo a su poder de policía y a su capacidad de interpretar la legislación laboral. La discusión sobre el encuadramiento de los trabajadores de plataformas es relevante, ya que las empresas sostenían que no existía relación laboral, mientras que el gobierno determinó lo contrario a partir de las inspecciones. Además, el gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei han estado en desacuerdo sobre este tema desde la sanción de la reforma laboral, que clasifica a los trabajadores de plataformas como socios y no como empleados en relación de dependencia. El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, ha presentado un proyecto de ley para establecer un esquema diferente al nacional.