La Corte Suprema de Justicia anuló el fallo que había impedido la derogación de la Ley de Tierras Rurales, restableciendo así la vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, promovido por el presidente Javier Milei. Esta medida elimina las restricciones previas sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El conflicto judicial se originó a raíz de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que cuestionó la derogación de la Ley 26.737, argumentando que afectaba la soberanía nacional. Aunque en primera instancia se desestimó el planteo, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del DNU, restableciendo las restricciones.

La Corte, compuesta por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó esa decisión al considerar que la organización demandante no tenía legitimidad para iniciar la acción judicial. El tribunal aclaró que su fallo no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU, limitándose a rechazar la demanda por falta de legitimación y ausencia de un caso o controversia.

Con la reactivación de la norma, se eliminan las limitaciones de la Ley de Tierras, como el tope del 15% de la superficie rural nacional que podía ser adquirida por extranjeros y la prohibición de que un mismo titular extranjero comprara más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que, tras esta resolución, cualquier persona o entidad extranjera podrá adquirir tierras rurales sin restricciones, incluso en zonas de frontera. La discusión sobre la modificación de la Ley de Tierras también se abordó en el Congreso, donde el oficialismo intentó incluir cambios en un proyecto sobre propiedad privada, pero finalmente retiró esa sección por falta de apoyo político.