La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario, otorgándole un plazo de cinco días. La resolución fue emitida por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Nº11, Martín Cormick, quien advirtió que, en caso de incumplimiento, se podrían aplicar multas.

La decisión se centra en dos aspectos de la Ley 27.795: la actualización de salarios de docentes y no docentes de universidades públicas, y la recomposición de programas de becas estudiantiles. Cormick ratificó la intimación tras un pedido de revocatoria presentado por el Ejecutivo. En cuanto a los salarios, el juez reconoció que el Estado había realizado convocatorias a negociaciones paritarias, pero consideró que no se demostró que los incrementos aplicados se ajustaran a las variables establecidas por la normativa.

El juzgado tomó como referencia la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026, que, según el IPC del INDEC, fue del 312,19%. La resolución indicó que la documentación presentada por el Gobierno no evidenció que las actualizaciones salariales alcanzaran ese porcentaje. Además, surgieron discrepancias en relación a las becas, ya que el Estado afirmó que solo la beca Manuel Belgrano estaba contemplada, mientras que la ley menciona también a Progresar y otros programas. Para el juez, la respuesta oficial no acreditó el cumplimiento total de lo dispuesto cautelarmente.

Finalmente, Cormick reiteró la intimación al Poder Ejecutivo para que cumpla con la medida en el plazo estipulado, advirtiendo sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas por incumplimiento. Esta cautelar se originó en una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.