El exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó una prórroga de 15 días para presentar ante la Justicia la documentación que debe justificar su evolución patrimonial, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo original vencía este miércoles y ahora será el juez federal Ariel Lijo quien decida si concede la extensión solicitada por la defensa.

El pedido fue realizado por su abogado, Matías Ledesma, quien argumentó que aún no pudo acceder ni revisar toda la documentación y los archivos mencionados por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Este último había intimado a Adorni el 10 de agosto a explicar diversos movimientos económicos detectados desde su ingreso a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.

Según el requerimiento fiscal, los gastos familiares de Adorni superan en más de 43 millones de pesos los ingresos comprobados durante el período analizado. La fiscalía estimó ingresos por $229.752.283,20, correspondientes a 35 sueldos de Adorni y a los ingresos de su cónyuge, frente a erogaciones por $272.820.832,20. Además, se identificaron US$402.578,12 cuyo origen no pudo ser verificado. Pollicita destacó que la intimación incluye incrementos y desembolsos que no tienen una explicación suficiente en relación a los ingresos lícitos del grupo familiar.

Adorni deberá aclarar 20 puntos, entre los que se encuentran el origen de dólares declarados, operaciones inmobiliarias, préstamos familiares, herencias, donaciones, pagos de personas cercanas y movimientos con criptoactivos no incluidos en sus declaraciones juradas. Parte del dinero investigado se habría utilizado para la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, así como un departamento y mobiliario. El requerimiento, que consta de 207 páginas, no fue divulgado públicamente debido a que contiene información bancaria y patrimonial considerada reservada. Si las explicaciones no son satisfactorias, la fiscalía podrá solicitar su citación a declaración indagatoria, y la decisión final recaerá en el juez Lijo.