La ACTC enfrenta una situación crítica tras el procesamiento y embargo de Hugo y Gastón Mazzacane por parte de la Justicia Federal de La Plata, acusados de evasión fiscal y defraudación al fisco. La investigación revela que la estafa que habrían llevado a cabo asciende a casi 4000 millones de pesos, vinculada a su empresa, Quilmes Tolosa S.A.

Además de los Mazzacane, otro de los hijos del presidente de la ACTC, Juan Manuel Mazzacane, también está involucrado en el caso. La fiscal federal Laura Roteta constató un esquema de ventas no registradas, elusión de impuestos y transferencias de propiedades entre distintas firmas. Como resultado, se embargaron 100 vehículos, siete inmuebles y 11 cuentas bancarias de los dirigentes.

La denuncia fue presentada por la delegación de ARCA en La Plata, tras detectar irregularidades en los ejercicios fiscales desde 2021 hasta 2024. La fiscal Roteta reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y realizó allanamientos, donde se incautó documentación clave para la causa. La Justicia determinó que la empresa platense había llevado a cabo un vaciamiento patrimonial sostenido durante al menos una década para dificultar el cobro de impuestos.