El gobierno de Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de nueva ley de sociedades, que ingresará por el Senado y se sumará a otras cuatro iniciativas presentadas la semana pasada. Esta propuesta fue elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, con la colaboración del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Mahiques.

Desde la Casa Rosada, se sostiene que la reforma tiene como objetivo modernizar una normativa que data de la dictadura de Alejandro Lanusse y adaptar el derecho societario argentino a las necesidades actuales. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es otorgar mayor autonomía a los estatutos de las compañías, con normas legales supletorias y una reducción en la intervención estatal. Fuentes oficiales afirmaron que se eliminará la tutela del Estado sobre la organización de los negocios entre socios.

El proyecto también permitirá que el objeto social de las sociedades sea amplio y plural, sin necesidad de vinculación entre las actividades declaradas. En caso de no especificar un objeto en el estatuto, se interpretará que la sociedad puede llevar a cabo cualquier actividad lícita. Además, se busca eliminar obstáculos burocráticos en los registros públicos. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que las sociedades resuelvan sus conflictos internos bajo derecho extranjero y pacten cláusulas arbitrales, eligiendo jurisdicciones como Delaware, Londres, Dubai o Nueva York. La iniciativa también contempla la digitalización total de las sociedades, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, y asambleas a distancia.

Asimismo, se propone la creación de nuevos tipos societarios, como las “sociedades automatizadas”, que serán operadas por algoritmos o inteligencia artificial, y las DAO, que permitirán la participación en tokens y registros en blockchain. Según el Gobierno, estas nuevas figuras tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. El texto también incluye instrumentos de inversión convertibles y la renovación automática del plazo societario, así como mandatos de directores y síndicos por tiempo indeterminado, salvo acuerdo en contrario.