El Gobierno nacional enfrentó un revés judicial tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que regula el cálculo de indemnizaciones y otros créditos laborales en juicios en trámite. La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, compuesta por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, quienes argumentaron que la norma vulnera garantías establecidas en la Constitución Nacional.

El artículo en cuestión establece un mecanismo que podría reducir en un 33% los créditos laborales ya judicializados, fijando un monto equivalente al 67% de lo que se obtendría con el sistema general de actualización. Este fallo se originó en una causa presentada por un trabajador despedido en 2022, donde los jueces concluyeron que la aplicación del artículo 55 perjudicaba a quienes debieron recurrir a la justicia para reclamar sus derechos laborales.

El tribunal argumentó que la norma afectaba el derecho de propiedad, ya que parte del crédito perdía valor en beneficio del deudor. Además, cuestionó la desigualdad en el trato a los trabajadores según hayan judicializado o no sus reclamos, lo que afecta el principio de igualdad. A raíz de esta declaración, se aplicará el régimen general del artículo 54 de la reforma, que establece la actualización de la deuda según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más un interés del 3% anual. Sin embargo, la inconstitucionalidad no elimina el artículo 55 para todos los casos, ya que existen criterios divergentes dentro de la Cámara del Trabajo, lo que podría llevar a que la Corte Suprema defina la cuestión.

La Ley de Modernización Laboral fue aprobada a principios de este año y modificó aspectos relacionados con la contratación, despidos y actualización de créditos laborales.