Argentina pedirá medidas ante el Tribunal del Mar por Malvinas
La Argentina presentará la próxima semana un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido impulsa en las Islas Malvinas.
La Argentina presentará la próxima semana un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido impulsa en las Islas Malvinas. Esta presentación se realizará al finalizar el plazo de dos semanas establecido por el Gobierno nacional.
El reclamo se centra en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, donde las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration planean iniciar la extracción de petróleo en 2028. El Ejecutivo había intimado formalmente a Londres el 28 de septiembre para que adoptara medidas que impidan el inicio o la continuidad de estas actividades, advirtiendo que, de no hacerlo, recurriría al tribunal internacional con sede en Hamburgo.
La estrategia jurídica se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El canciller Pablo Quirno explicó que esta será la primera vez que Argentina lleve ante un tribunal internacional una controversia relacionada con la explotación unilateral de recursos naturales en la zona de Malvinas. El pedido no buscará que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía de las islas, sino que evalúe si una de las partes puede avanzar en la explotación de recursos no renovables en un área cuya jurisdicción está en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, compuesto por 21 jueces, tiene decisiones obligatorias para las partes. Argentina ya había recurrido a este tribunal en 2012 por la retención de la Fragata Libertad en Ghana, donde se ordenó la liberación del buque. La disputa por los hidrocarburos se suma a otros conflictos recientes entre Buenos Aires y Londres, incluyendo denuncias sobre vuelos no autorizados de una empresa británica entre Punta Arenas y las islas, así como procedimientos sancionatorios y gestiones diplomáticas. Además, la administración de Javier Milei ha endurecido las advertencias contra las compañías vinculadas al proyecto petrolero, lo que ha llevado a algunos proveedores a alejarse de las operaciones por temor a sanciones en Argentina.
