La Corte Suprema de Justicia desestimó las recusaciones presentadas por el Estado Nacional contra los jueces que intervienen en la causa sobre el financiamiento universitario, confirmando así la continuidad de los magistrados en el expediente. Este caso se centra en la validez del decreto 759/2025 y el cumplimiento de la ley 27.795, que regula el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial de los docentes.

La decisión fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En el mismo fallo, el tribunal también rechazó el pedido del Estado para que los propios jueces de la Corte se excusaran de participar en el proceso.

La causa se originó a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto que condiciona la aplicación de la ley a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento, además de exigir que esas partidas sean incorporadas al presupuesto general. Durante el proceso, jueces inferiores dictaron una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato de una parte de la ley.

El Estado Nacional intentó apartar a magistrados por su actividad docente en universidades públicas, incluyendo al juez Enrique Cormick, quien enseña en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la recusación, argumentando que no se acreditó un interés económico ni una relación que pudiera influir en su decisión. También fue recusado el juez Sergio Fernández, por su actividad en la Universidad de Lomas de Zamora, pero ese planteo también fue desestimado antes de llegar a la Corte.

El máximo tribunal subrayó que las recusaciones deben ser analizadas con criterio restrictivo, ya que implican el desplazamiento de los jueces naturales. Además, señaló que la docencia universitaria, aunque sea remunerada, no es suficiente para demostrar un interés personal en el resultado del litigio.

Por otro lado, los docentes agrupados en la Conadu Histórica anunciaron un nuevo paro de actividades por una semana, desde el martes 16 hasta el sábado 20 de junio, coordinando acciones con otras federaciones de docentes y nodocentes. Hasta el momento, no hay llamados a paritarias ni ofertas de aumento salarial por parte del gobierno nacional, y se prevé un Congreso Extraordinario de la Federación antes de fin de mes para definir la continuidad del plan de lucha nacional.