El proyecto de ley enviado por el Gobierno para la defensa de la soberanía de Malvinas ha suscitado críticas en diversos sectores de la oposición, así como entre constitucionalistas y entidades periodísticas. La controversia se centra en un artículo que establece penas de prisión para quienes realicen "campañas de desinformación masiva" bajo ciertas condiciones.

La iniciativa propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, estableciendo penas de entre cinco y 12 años de cárcel para quienes, actuando por cuenta de un Estado o agente extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante desinformación. Además, contempla penas de entre ocho y 15 años para quienes promuevan actos de violencia o sabotaje, incluyendo amenazas o coerción.

Expertos en derecho constitucional han manifestado su preocupación. Andrés Gil Domínguez advirtió que el tipo penal es demasiado amplio y podría ser utilizado para perseguir a opositores, mientras que Diego Armesto señaló que la norma podría rozar la "censura previa". Félix Lonigro también expresó su inquietud por el uso del término "desinformación", que podría afectar la libertad de expresión. Por su parte, desde La Libertad Avanza minimizaron las críticas, indicando que aún se debe definir el recorrido parlamentario del proyecto, que podría comenzar a ser tratado en octubre. Organizaciones civiles y entidades periodísticas, como Poder Ciudadano y ADEPA, también han expresado su preocupación por el potencial impacto de la norma en la libertad de expresión, cuestionando la falta de precisión en términos como "manipular la opinión pública". La discusión se trasladará a las comisiones de la Cámara baja.