El Gobierno nacional y los gremios docentes universitarios no llegaron a un acuerdo en la reunión paritaria de este jueves. La propuesta del Ejecutivo de un aumento salarial del 3% fue rechazada por los sindicatos, aunque se anunció que se aplicará la mejora de todos modos.

La reunión, que comenzó a las 11, retomó las negociaciones que habían quedado en suspenso desde el 1 de septiembre. Según fuentes oficiales y gremiales, no se presentó una nueva oferta que superara el 3% ya propuesto. Desde el Gobierno se sostiene que esta suba se otorgará aun sin un acuerdo paritario, argumentando que, sumada a incrementos anteriores, contribuye al cumplimiento de la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante el encuentro, la Subsecretaría de Políticas Universitarias mencionó que se toma como referencia el acuerdo del 10 de junio, que representó una recomposición del 35%, más el nuevo 3%. Sin embargo, los sindicatos cuestionan este cálculo, afirmando que los salarios deberían recuperar el nivel de diciembre de 2023, estimando que aún falta un 23% para alcanzar ese punto. Además, bajo otros parámetros, la actualización pendiente podría acercarse al 35%.

El fracaso de la negociación abre la puerta a nuevas medidas de fuerza, con los gremios anticipando paros continuos y la posibilidad de una marcha federal universitaria para mediados de octubre. La discusión continuará esta tarde, con la convocatoria a los trabajadores no docentes, quienes recibirán la misma propuesta del 3%.

La paritaria se desarrolla en el contexto de la discusión sobre los recursos destinados a las universidades en el proyecto de Presupuesto 2027. El Ejecutivo propone $7,349 billones para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima que se necesitarán aproximadamente $11 billones. La diferencia entre ambas cifras es de alrededor de $3,65 billones, y el Gobierno argumenta que los fondos previstos representan un aumento nominal del 20,6% respecto a 2026, un punto cuestionado por los gremios y universidades que piden considerar la inflación y la pérdida salarial acumulada.