El Gobierno de Javier Milei presentó al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de Argentina. La iniciativa fue ingresada en la Cámara de Diputados en las primeras horas del jueves y forma parte de un paquete de medidas anunciado por el Presidente el 3 de septiembre, en respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion.

La propuesta reemplaza la Ley 26.659, vigente desde 2011, y amplía su alcance al abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Las sanciones incluyen multas que van de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, la suspensión o cancelación de permisos, y la inhabilitación para operar en el país por períodos de cinco a 20 años. Las penas son más severas para actividades relacionadas con hidrocarburos, con condenas de hasta 20 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 3 millones de barriles.

El proyecto también extiende responsabilidades a proveedores que conozcan el destino de los bienes o servicios esenciales para estas operaciones, con penas de cinco a siete años. Las empresas involucradas podrían enfrentar la pérdida de habilitaciones y la suspensión de actividades por hasta 30 años. Además, se creará un Sistema de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de seguridad y protección de infraestructuras críticas. La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de la Cámara de Diputados antes de ser discutida en el recinto.