El Gobierno nacional ha extendido el sistema de bloqueo de teléfonos celulares a las cárceles provinciales, que hasta ahora solo se aplicaba en establecimientos federales. Esta medida fue formalizada a través de la Resolución 734/2026 del Enacom y se implementará únicamente en las jurisdicciones que se adhieran al protocolo nacional.

El nuevo esquema permitirá deshabilitar dispositivos utilizados dentro de pabellones y sectores restringidos de los penales. Las empresas de telefonía deberán bloquear el IMEI, que identifica al equipo, el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM, y la línea telefónica asociada. Sin embargo, el procedimiento no será automático; cada solicitud de intervención deberá ser realizada expresamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, actuando como único canal entre las provincias que se adhieran y las compañías de telefonía móvil.

La ampliación de este sistema se originó a partir de una solicitud del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que pidió una norma específica para incluir a los establecimientos provinciales. Además, Mendoza está impulsando una licitación para adquirir plataformas de localización y georreferenciación. La resolución también establece que las herramientas tecnológicas deben configurarse para evitar interferencias en áreas externas a los penales, protegiendo así a vecinos y comercios. El objetivo de esta medida es prevenir delitos organizados desde las cárceles mediante el uso de teléfonos móviles, en cumplimiento con la Ley 24.660, que prohíbe estas comunicaciones en el sistema penitenciario.