El Gobierno nacional planea apelar en los próximos días el fallo que ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, al mismo tiempo que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba su ejecución. La Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, está preparando la estrategia judicial y evaluando alternativas para evitar el desembolso inmediato de los recursos necesarios.

La resolución del juez federal Martín Cormick fue una respuesta a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires. Este fallo contempla fondos destinados a salarios, becas, investigación, funcionamiento y hospitales universitarios, y exige que se adopten las medidas necesarias para cumplir con los aumentos previstos en la ley.

Cormick cuestionó el Decreto 759/2025, que promulgó la norma, pero condicionó su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al Presupuesto. Consideró que esta condición equivalía a un nuevo veto, tras el rechazo de ambas cámaras al veto anterior de Javier Milei. Desde la Casa Rosada, se afirma que existen herramientas para discutir la sentencia, aunque desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se descartó cualquier negociación política con las universidades, afirmando que se procederá con la apelación. Mientras tanto, las universidades han convocado a una marcha federal para el 15 de octubre, aumentando la presión sobre las negociaciones presupuestarias del oficialismo.