El Gobierno nacional enfrenta un vencimiento crucial este viernes, ya que debe transferir $2,5 billones a las 56 universidades nacionales, conforme a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que exige la aplicación de la Ley de Fortalecimiento Universitario. Este monto busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en salarios y gastos operativos. Ante esta situación, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, no tanto para revertir la decisión, sino para dilatar su cumplimiento.

La preocupación en la Casa Rosada es intensa, tanto por el impacto fiscal como por las consecuencias políticas que podría acarrear. Desde el oficialismo reconocen la complejidad del escenario y la falta de alternativas concretas. “No sé de qué nos vamos a disfrazar”, admiten en despachos oficiales ante la inminencia del plazo, mientras que una frase que circula en el entorno gubernamental es clara: “No hay plata”.

En paralelo, la comunidad universitaria y los gremios están considerando retomar medidas de fuerza. La posibilidad de una nueva marcha federal, similar a la de 2024, está cobrando fuerza como mecanismo de presión. También se menciona la continuidad de protestas con modalidades como los paros “a la japonesa”, que buscan sostener el reclamo sin interrumpir completamente las actividades.

Este conflicto se desarrolla en un contexto económico complicado, con inflación en aumento y caída de la recaudación, lo que limita aún más las opciones del Ejecutivo. Además, el fallo judicial complica las negociaciones legislativas y revela tensiones internas dentro del oficialismo, donde algunos sectores reconocen errores en la estrategia adoptada respecto al tema universitario. Como posible solución, el Gobierno está considerando impulsar un nuevo proyecto de ley que reduzca el impacto fiscal del financiamiento universitario, aunque desde el ámbito académico rechazan condicionar la discusión a tiempos políticos y advierten que la presión se mantendrá durante todo el año. El desenlace de esta situación queda abierto entre la vía judicial, la negociación en el Congreso y la respuesta social en las calles.