El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010, con el fin de mejorar la respuesta del sistema sanitario y actualizar criterios que presentan dificultades en su aplicación. La información fue brindada por el vocero presidencial Manuel Adorni tras una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.

La iniciativa propone cambios significativos en el enfoque actual, como el reemplazo del término "padecimiento mental" por "trastornos mentales o del comportamiento", alineándose con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones) para lograr diagnósticos más precisos. Además, se modifican los criterios de intervención, sugiriendo un enfoque basado en "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", incorporando antecedentes y contexto para permitir intervenciones más oportunas.

El proyecto establece que la internación será un recurso excepcional, pero introduce ajustes en los procedimientos. En situaciones de urgencia, un médico psiquiatra podrá ordenar una internación involuntaria, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. También se ampliará el plazo para la notificación judicial de 10 a 24 horas. En el caso de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad de decisión, y si está comprometida, la internación podría transformarse en involuntaria con intervención judicial.

Desde el Gobierno se destacó que la ley actual enfrenta problemas de implementación a nivel federal, con diferencias entre provincias en infraestructura y recursos. Solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente y no todas cuentan con servicios adecuados de salud mental en hospitales generales. En cuanto al modelo de atención, se propone revisar el enfoque que promovía el cierre de hospitales psiquiátricos, sugiriendo en su lugar fortalecer una red integrada que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos comunitarios y residencias asistidas. El proyecto comenzará su recorrido legislativo en las próximas semanas.