El Gobierno argentino está considerando incluir la explotación pesquera en el nuevo régimen de sanciones por Malvinas que se enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en extender a esta actividad parte del esquema que se prepara para endurecer las penas contra empresas, accionistas y proveedores que realicen operaciones sin autorización argentina en las islas.

Desde el Ejecutivo aseguran que están trabajando en la incorporación de la pesca al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Se anticipa que habrá definiciones la próxima semana, cuando la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados. Actualmente, la discusión se centra en el alcance del nuevo régimen y los actores vinculados con la explotación pesquera que podrían verse afectados.

El Gobierno analiza especialmente la situación de empresas que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas. Desde 2008, Argentina cuenta con herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas, a través del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. Esta norma obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones con quienes pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional. Si se comprueba una violación, se pueden caducar los permisos y autorizaciones de captura de la empresa involucrada. El Ejecutivo está evaluando qué cambios se incorporarán al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones relacionadas con Malvinas.