El Gobierno tiene lista una reforma política que planea enviar al Congreso en el corto plazo, la cual incluye restricciones a la participación extranjera en campañas electorales. Se evalúa prohibir que asesores extranjeros trabajen en procesos electorales nacionales y limitar la difusión de contenido político pago desde el exterior, como parte de un paquete más amplio que busca rediseñar las reglas electorales y de financiamiento.

El proyecto, que ya cuenta con alrededor de diez títulos, aún no ha sido remitido al Poder Legislativo, aunque se encuentra en revisión política y jurídica. Desde la Casa Rosada aseguran que la intención es enviarlo pronto, como parte de las reformas estructurales que el oficialismo desea discutir este año. La propuesta incluye la eliminación de las PASO, argumentando que representan un “gasto innecesario” y que los partidos deben tener la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal.

Otro aspecto importante de la reforma es el financiamiento de la política. El Gobierno propone mantener el financiamiento institucional de los partidos, pero eliminar el financiamiento estatal de las campañas. Además, se plantean cambios en la composición jurídica de los partidos y en los requisitos de afiliación, con el objetivo de endurecer las condiciones para conservar la personería y reducir la proliferación de sellos sin actividad real. También se prevén modificaciones en la Boleta Única de Papel y en el sistema electoral del Parlasur, buscando mejorar la claridad y la representación en las elecciones.

Por último, se evalúa la implementación de circunscripciones uninominales para diputados, similar al sistema de Estados Unidos, aunque este aspecto no es el más inmediato. El Gobierno considera que la reforma política puede ser un eje central en la próxima etapa legislativa y una herramienta para rediseñar el sistema electoral de cara a 2027.