El oficialismo, junto a bloques aliados y el apoyo de provincias mineras, se prepara para aprobar en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de glaciares, que busca reducir la protección actual sobre áreas glaciares y periglaciares para facilitar nuevos proyectos productivos, especialmente en minería.

Con el quorum asegurado, incluso con el respaldo de algunos legisladores que votarán en contra, se espera que la votación, programada para la madrugada del jueves, obtenga entre 135 y 140 votos a favor. La reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, genera un fuerte debate en el recinto, donde sus defensores argumentan que no afectará la protección de los cuerpos de hielo que cumplen funciones hídricas, mientras que sus opositores sostienen que responde a intereses mineros y que, de ser aprobada, será objeto de acciones judiciales por considerarla inconstitucional.

La ley de glaciares vigente desde 2010 otorga protección total a los ambientes glaciares y periglaciares, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. La nueva reforma propone que la protección se mantenga solo hasta que las provincias demuestren, a través de estudios técnicos, qué áreas son efectivamente reservas de agua. Esto permitiría que las zonas no consideradas reservas sean excluidas del inventario del Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla), habilitando así proyectos productivos en esas áreas, lo que podría desbloquear inversiones por hasta U$S 20.000 millones.